Ayer (05/11/13) en La Razón (acá)
Micaela Alarcón Gambarte expresaba indignada “Basta al trato cruel inhumano y
degradante” y tiene toda la razón porque no existe otra forma para referirse a
las cárceles en Bolivia.
En Bolivia las cárceles son centros de tortura, y el 23 de
agosto de este año en una tragedia sin precedentes que le quitó la vida a 34
personas se evidenció las nefastas consecuencias de nuestro sistema carcelario.
A más de dos meses de la tragedia, la indignación persiste y
como afirma la Dra. Alarcón esta tragedia produce “un inexcusable
replanteamiento sobre esta problemática en Bolivia”.
En esa línea afirma que el replanteamiento se debe producir
en estas áreas:
Todas estas medidas parecen importantes ante el problema actual, sin embargo no atacan el problema medular: tenemos un sistema penal decadente y fracasado, que sólo engendra dolor y violencia. Más cárceles, más jueces y mano dura sólo pueden agravar el problema.
- Construcción de nueva infraestructura;
- La presencia estatal y la propia seguridad interna del recinto que deben imponer reglamentos y conductas disciplinarios o penas a reos que incurran en desobediencia o conflictos de poder, es decir, mano dura con los reos;
- Extirpar la corrupción y las redes delincuenciales;
- Reforma de la Ley de Ejecución Penal;
- Modificación al régimen de convivencia de niños menores de edad en la cárcel;
- Mayor responsabilidad de las autoridades gubernamentales encargadas del manejo penitenciario, bajo la advertencia de sanciones;
- Reformas al sistema de justicia, con más número de juzgados para atender la cantidad de causas procesales que ingresan diariamente y un nuevo proceso oral.
Todas estas medidas parecen importantes ante el problema actual, sin embargo no atacan el problema medular: tenemos un sistema penal decadente y fracasado, que sólo engendra dolor y violencia. Más cárceles, más jueces y mano dura sólo pueden agravar el problema.
Para enfrentar la situación actual debemos reconocer nuestra
realidad y exigir que nuestras autoridades tomen en serio los compromisos
constitucionales, el Estado no puede legitimar la tortura.
Nuestra población carcelaria (es decir, nuestra población
torturada) es de aproximadamente 14.000 personas. Santa Cruz ocupa el primer
lugar con más 4.000 reclusos. Casi el 80% son procesados y no tienen condena
firme, y 70% están acusados por la Ley Nº 1008. A todas estas personas se les
incumple sus derechos básicos.
En los últimos años ha aumentado considerablemente la
población carcelaria en Bolivia, en 7 años se duplicó la cantidad de personas
que se encuentran tras las rejas. Este es un dato de la “Bolivia cambia, Evo
cumple” que no recibe la publicidad que debería. Con la velocidad que aumentan
los reos la construcción de nueva infraestructura no solucionarán nunca el
problema de las cárceles. Además, el déficit carcelario es alarmante, según
datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Bolivia el 2010 tenía una
capacidad carcelaria para 4.000 personas hoy tenemos 14.000 reclusos!!! La
solución no es más cárceles, es menos reos.
¿Qué hacer?
Aunque algunas de las propuestas de la Dra. Alarcón son necesarias
y deben ser debatidas, la única opción, moralmente válida y que honra nuestros
compromisos constitucionales es sencilla: No se puede encarcelar una persona
más sin cupo, es decir, un juez no puede ordenar la privación de la libertad de
una persona sin verificar que el establecimiento carcelario tiene un cupo
disponible para recibirlo.
En países como Holanda, antes de encarcelar a una persona el
juez debe verificar las condiciones donde será recluida la persona. En países
como Argentina y Colombia distintas voces han comenzado a reclamar no más
presos sin cupos. Es hora, que en Bolivia realicemos el mismo reclamo.
Paralelamente se deben discutir propuestas como las de la
Dra. Alarcón pero decir ¡Basta a la tortura! significa ¡No más presos sin
cupos! Este es ineludiblemente el primer paso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario