El politólogo Carlos Cordero Carraffa publicó una columna
hoy (7/11/13) en El Deber (acá)
donde destaca que el voto de los bolivianos en el exterior es una vulneración
de los derechos políticos de los bolivianos residentes en Bolivia.
Para Cordero, aunque el derecho a votar para elegir
presidente y vicepresidente esté incluido en la Constitución (art. 27) “ello no
significa que sea justo ni legítimo que voten por candidatos a la Presidencia.
Es simplemente legal pero abusivo”.
Las razones de Cordero para calificar de ilegítimo el voto
de los bolivianos en el exterior es que el alto número de bolivianos que
residen en otros países pueden definir quién es el próximo presidente, este
argumento es impulsado por la idea que no es legítimo que participen (y
decidan) una elección quienes ya no forman de una comunidad, y a los cuales los
efectos de su decisión no se aplicarán.
Con esta visión, Cordero presenta una objeción “democrática”
al voto en el exterior: únicamente el lugar donde una persona decide vivir
indica su pertenencia y fundamenta su derecho a participar de las decisiones
colectivas de esa comunidad, por lo tanto –según Cordero– es injusto que elijan
presidente quienes ya no están en el país, y considera una intromisión e
imposición para los bolivianos que sí se encuentran en el país.
Sin embargo, contrariamente a lo que piensa Cordero el
asunto merece consideraciones más profundas. En primer lugar, la motivación de
los actores políticos o consideraciones estratégicas no deben opacar la
extensión de los derechos de la ciudadanía. Sin duda en nuestro país los
cálculos electorales y las consideraciones pragmáticas son las principales
razones para la implementación del voto en el exterior (el MAS sabe del
respaldo que cuenta entre los migrantes), sin embargo el voto en el exterior
tiene un sentido especial en el contexto del mundo globalizado.
En segundo lugar, hay que reconocer que el nivel de
migración alcanzado desde finales del siglo XX a la fecha es alarmante. Una
inmensa cantidad de compatriotas viven fuera del país, lejos de su comunidad a
la que culturalmente pertenecen. Esta migración impulsada por razones educacionales,
laborales o familiares no implica que se rompan los lazos con la comunidad de
origen. En sus países de destino la identidad nacional de nuestros compatriotas
persiste, tal es el caso de la colectividad boliviana en Argentina con fuertes
expresiones culturales y políticas. Esto
debe hacernos repensar las tradicionales categorías de ciudadanía y los
derechos asociados. Además ampliar la participación a los que ya no residen en
territorio boliviano contribuye a reafirmar sus vínculos de pertenencia, a
reconocer la falta de políticas sobre los migrantes, y la responsabilidad del
Estado en la decisión de migrar de tantos compatriotas.
Por último, es cierto que aún existen muchas dudas sobre el voto
en el exterior (fiscalización, cantidad de votos, costos, etc.) pero de ningún
modo se puede calificar con ligereza de injusto que los migrantes participen
del proceso electoral únicamente porque no nos agradan sus preferencias.
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